Desde hace unos días anda circulando por la red un video en el que muestran un brutal desalojo de pescadores en el rio magdalena por parte del Escuadrón Móvil antidisturbios (Esmad) el pasado 14 y 15 de febrero. El motivo del desalojo la construcción de la hidroeléctrica en El Quimbo, Huila.
En el video se muestra como los pescadores corren a refugiarse en el río, mientras el Esmad los ataca con lanza granadas de lacrimógenos con la intensión, pareciera, no de dispersarlos sino de lastimarlos.
En el video se presentan varios testimonios en los que se pone de manifiesto las arbitrariedades y los abusos de la fuerza antidisturbios. Sorprende escuchar que a los Antidisturbios no pareciera importarles dar de patadas y bastonazos a niños y mujeres y hacerle perder el ojo a un campesino. Las imágenes y las declaraciones consternan, pero nada se escucha, todo parece hundirse en el silencio.
El motivo de la protesta pacifica es que los pescadores se oponen a la construcción del túnel de la transnacional EMGESA, que pretende desviar el río Magdalena ocasionando graves daños ecológicos y expropiar de sus tierras, en las que llevan viviendo varios años, a los campesinos.
Asombra ver estos abusos y que el gobierno no se pronuncie al respecto. ¿Hasta cuándo el gobierno seguirá permitiendo estas violaciones a los derechos de los ciudadanos colombianos? ¿Es que acaso el presidente Santos legitima el abuso y la violencia? Bien lo decía Camus cuando afirmaba que “todo pecado es mortal y toda indiferencia criminal”.
Hace dos años fuimos testigos de como el escuadrón antidisturbios escoltaba a encapuchados que disparaban con sus M16 a indígenas en Villarrica y apenas un artículo de Oscar KIinkly en la revista Número fue el único grito visible de reproche.
El uso de la fuerza, exclusiva del estado, debería servir para garantizar los derechos de los ciudadanos y no para amedrentarlos cuando protestan pacíficamente.
Nada justifica el crimen contra familias campesinas pacificas. Nada autoriza la violación de los derechos humanos, ni las iniquidades contra personas que no usan otra arma que su voz. El gobierno debe pronunciarse, ya basta de silencio e indiferencia.
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