El uribismo está asustado. No por las evidentes decisiones judiciales en contra de algunos de sus alfiles por sus presuntos delitos cometidos durante los ocho largos años del gobierno de Uribe, sino por las connotaciones políticas de la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras que pueden afectarle su caudal electoral. El gobierno, con la aplicación de la Ley, estaría erosionando la base económica y electoral del sector político que orienta el ex presidente.
Al largo camino de las hasta ahora infructuosas luchas campesinas por una reforma agraria como país independiente se le deben agregar variables que, desde mediados de la década del setenta en el siglo pasado, se comenzaron manifestar: el cambio de la propiedad de la mayor parte de la tierra productiva y la conformación de una nueva clase empresarial que abanderó el proyecto político que llevó a Uribe a la presidencia.
En efecto, los grandes narcotraficantes compraron importantes extensiones de terreno a los terratenientes tradicionales; posteriormente, constituyeron con sus sicarios ejércitos privados para defender sus propiedades de la actividad extorsiva de las guerrillas; luego estos ejércitos privados se transformaron en grupos de autodefensa con una misión política: eliminar a la insurgencia y a los líderes sociales y políticos de izquierda sembrando el terror y forzando, mediante acciones violentas, al desplazamiento de miles de campesinos de sus tierras que terminaron siendo ocupadas y expropiadas en complicidad con funcionarios corruptos en los entes regionales del Estado; para, finalmente, construir un proyecto político - económico en el cual se estructuraron conglomerados agrícolas y agroindustriales, en gran escala de producción, que se hacían rentables en términos de la propiedad del recurso de la tierra en dimensiones de latifundio, con las tierras propias y las del producto de los despojos y, en términos políticos, llegar al poder para “lavar” la apropiación ilícita de la tierra y algunos capitales ligados al narcotráfico y refundar a la Patria sustituyendo la Constitución del 91 por una en la que el Estado Social de Derecho no fuese su fundamento[i].
El gobierno de Uribe en el aspecto económico no los defraudó. Definió políticas y puso en marcha acciones que desde el Ministerio de Agricultura beneficiaron sus intereses. La política oficial en el sector no pudo ser más elocuente que en el debate de Carimagua – la hacienda destinada a ser entregada a campesinos desplazados y que el gobierno quiso entregarla a empresarios de la palma – el entonces ministro de Agricultura, Uribito, justificaba su decisión diciendo -palabras más, palabras menos – lo siguiente: la tierra no debe ser para los pobres sino para aquellos que tengan la capacidad económica de ponerla a producir. Otra muestra fue la de los subsidios del Estado entregados a los grandes empresarios del campo que derivaron, tiempo después, en los escándalos de Agro Ingreso Seguro, Banco Agrario y otros.
Así la aplicación de una ley de restitución de tierras y de reparación a las víctimas llevaría invariablemente a afectar negativamente los intereses de los empresarios, impactarían sus planes de negocios y saldrían del lugar de privilegio y beneficio de las acciones del gobierno. No se pueden dar el lujo de pelear en contra del gobierno y por lo tanto el paso al costado que tienen que dar los llevaría la defensiva.
El segundo efecto negativo para este sector político es en el campo electoral. Las últimas elecciones han demostrado que el voto de opinión de las grandes ciudades ya no es uribista, en cierto modo es anti uribista. La base de apoyo que le quedaría es la rural, en donde es relativamente fuerte, pero, si el corazón de los campesinos se los gana el gobierno el uribismo estaría recibiendo un fuerte golpe político; por esta razón el ex presidente Uribe en su comunicado, después de la marcha campesina en Necoclí, acusó al presidente de hacer política y de crear condiciones sociales inconvenientes. Esta posición fue compartida, vaya coincidencia, por Augura (la agremiación de los bananeros), el diario El Colombiano y uno que otro columnista de derecha.
La contraofensiva de los empresarios, junto a su brazo político, no puede hacer otra cosa que llevar al Presidente a buscar su reelección como mecanismo para consolidar sus políticas de restitución.
Góticas y más góticas, ojalá le alcance el inventario.
[i] La llamada “para- economía” está por destaparse. Apenas hoy se conocen casos puntuales.
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