TRIBUNAL DE CONCIENCIA.
Pese al planteamiento teórico de la independencia de las ramas del poder, éste ha sido objetado con mucha razón por varios estudiosos del tema:
La Constitución colombiana (artículo 228) no ve las cosas así: Ella dice que las decisiones de la justicia “son independientes”, Ojo, NO, que sean independientes y autónomas, y como puede apreciarse ese artículo sólo postula la primera. El concepto de “autonomía” nombrado en ese artículo nada tiene que ver con las decisiones judiciales y sólo tienen que ver con su funcionamiento interno. El artículo 249, por ejemplo, lo que le otorga a la Fiscalía General es la autonomía administrativa y presupuestal para auto regular sus propias estructuras.
Los únicos estamentos autónomos sólo pueden ser aquellos elegidos directamente por el pueblo y es éste el único que confiere poderes en cualquier sociedad que se considere insertada en las reglas que regulan una democracia. La inexistencia de esa determinación popular deja claro entonces que existe una clara preeminencia de los poderes poderes ejecutivo y legislativo sobre el judicial.
Sólo un esquema de administración de justicia con credibilidad, basado en la meritocracia de los estudiosos de las leyes, totalmente despolitizado, ajeno tanto a las causas como a las consecuencias de sus resultados, blindado frente a la corrupción y los intereses de los implicados, es una condición indispensable para que una sociedad pueda vivir en paz.
No se puede olvidar que el holocausto del Palacio de Justicia acabó con una de las cortes supremas más respetadas en la historia colombiana y que, por esa razón, así como la condena del General Plazas es un punto de honor para los militares, el castigo a quienes libraron la batalla lo es para los jueces y los magistrados; por tanto no sólo sería inequitativo sino además injusto que los segundos como juez y parte juzgaran a los primeros. En este caso estaríamos cayendo en el gobierno de los Jueces.
En un país como el nuestro en donde todas las instituciones; entre ellas la justicia; se encuentran en entredicho por los efectos nocivos del poder del narcotráfico, todas pierden credibilidad. Basta ver los efectos acontecidos en el gobierno del Dr Uribe quien por investigar los nexos de esa justicia con el Sr Giorgio Sale, desató el espíritu investigativo de sus segundos por el afán de congraciarse con su jefe.
La única solución viable con capacidad de brindarnos una paz real para nuestro país es el nombramiento de un tribunal constituido por eminentes y reconocidos juristas del mundo exterior, que estuviesen dispuestos a prestarnos sus buenos oficios y conocimientos jurídicos en los casos que por el alto grado de interés nacional, la sociedad los considere pertinentes.
Los casos de la investigaciones de la muerte de Galán, la toma del palacio de justicia, el proceso 8.000 y muchos otros aún no resueltos que son desempolvados cada decenio para dividirnos cada vez más podrían definirse definitivamente, y porqué no hasta la mediación en un proceso de paz con la guerrilla que aclare de una vez si alguna vez tendrán intención de paz, o en caso contrario los declare ante el mundo como matones sin ley ni nacionalidad.
No se puede estar cambiando de menú cada que el país se enfrenta a una dificultad
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