Francisco Rojas Birry pasará a la historia como el Personero Distrital cuestionado al inicio de su gestión, señalado durante el período que estuvo en el cargo, sancionado al final de su mandato y condenado a los tres meses de dejar el cargo
Foto: El Tiempo.com
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Hoy cuando está a cinco meses de haber terminado su período como gobernador del departamento de Santander, Horacio Serpa Uribe en entrevista con Oscar Sevillano, asegura sentirse identificado con el presidente Juan Manuel Santos, de quien fue su principal adversario al interior del Partido Liberal antes de que este migrara hacia el uribismo, y que está a gusto con la jefatura única en la colectividad de Simón Gaviria, a pesar de que este último no se identifique mucho con su línea socialdemocrata.
Foto: Archivo digital - Revista Cambio
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Con la salida de Juan Manuel Ospina de la dirección del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), por una supuesta lentitud de la entidad en el manejo del agro, acusación hecha por el ministro de Agricultura, se desató el debate a nivel nacional por las funciones de este y su responsabilidad en la restitución de tierras. El exdirector se defiende asegurando que las metas hasta el momento se han cumplido y que el gabinete ministerial no sabe cuáles son las tareas que le corresponde al Incoder.
Foto: El Espectador
En entrevista con Oscar Sevillano Juan Manuel Ospina asegura que tiene la esperanza de que la persona que llegue a dirigir el Incoder (Myriam Villegas), tenga la capacidad de hacerle entender al ministro de Agricultura y a todo el gabinete presidencial que al Incoder se le debe promover como entidad ejecutora de la política de Desarrollo Rural
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El sábado 10 de marzo se conoció la noticia del asesinato de Alex Alejandro, un líder juvenil del Movimiento Progresista que ejercía una labor social muy fuerte en la localidad de San Cristóbal, quien tenía el sueño de ser Presidente de la República, sin que hasta el momento se tenga claridad de los hechos que rodearon este crimen. Aqui está su historia de vida.
La alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena ha trazado una hoja de ruta en su municipio que le permitirá generar cambios en la cultura política y en la forma como se ha administrado a la ciudad, que actualmente tiene deudas superiores a los diez mil millones de pesos. Para llevar a cabo esta gestión de buen gobierno, la burgomaestre se ha rodeado de una especie de “Equipo Colombia”, conformado por especialistas en temas de ciudad y gestión pública al más alto nivel que ha llamado “gabinete de pares”, entre los que se encuentran Alonso Salazar, Eduardo Cifuentes, Cecilia María Vélez, Antonio Gómez, Manuel Rodríguez, Fabio Villegas, Eduardo Pizano, María Paula Duque, Armando Montenegro, Judith Pinedo y Héctor Riveros.
En entrevista con la Corporación Nuevo Arco Iris, Héctor Riveros, exsecretario de Gobierno de Bogotá, habla sobre las tareas que llevaría a cabo este grupo de personalidades y los desafíos que enfrenta el municipio de Quibdó.
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A la marcha en el municipio de Necoclí asistieron habitantes de toda la región del Urabá, con la ilusión de hablarle al presidente Juan Manuel Santos, y de escuchar soluciones al despojo al que se han visto sometidos durante tiempo, sin embargo la mayoría de estas personas se retiraron con el sin sabor de no poder intercambiar palabras con el primer mandatario. .
Juana Francisca Mosquera es una mujer afrodescendiente víctima de las farc, los paramilitares y agentes del Estado que busca afanosamente una vida tranquila, mientras ayuda a las personas de su mismo género a superar las consecuencias del conflicto armado en el Chocó.
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En entrevista para la Corporación Nuevo Arco Iris, Luís Eladio Pérez le cuenta a Oscar Sevillano, los sucesos que ha tenido que padecer al interior de su familia luego de su liberación y la manera como enfrenta el abandono y negligencia de un Estado que según él, se ha portado indiferente con la tragedia del secuestro que aun padece.
En entrevista con la Corporación Nuevo Arco Iris, el senador Roy Barreras, comentó algunos puntos de su propuesta y aclaró que ésta no se hizo pensando en los miembros de las bandas criminales, quienes desde su punto de vista se les debe aplicar todo el peso de la ley.
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Zulia Mena, nueva alcaldesa de Quibdó, espera poder legalizar la propiedad a cientos de familias que hoy no son dueñas de los terrenos donde están construidas sus viviendas. Calcula que es cerca del 90 % de la población que habita la capital del Chocó.
Foto: Giovanni Moreno
La lucha porque la justicia en Colombia y en otros países donde existe un conflicto armado interno, reconozca los métodos de guerra que utilizan los actores armados ilegales, es una causa que hasta el momento no sido escuchada por la mayor parte de la sociedad.
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Foto: Juan Carlos Martínez
Tomada de www.elespectador.com
En la edición número 14 de la Revista Arcanos, la analista Claudia López en el balance político al proceso judicial de la parapolítica da la primera alerta sobre una posible intervención de la justicia internacional, en el caso de que las investigaciones no se lleven a cabo con el suficiente rigor y no se tenga la voluntad para acabar con las estructuras política y financiera del paramilitarismo en Colombia.
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Foto: Diana Sánchez / El Espectador
Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, afirmó que a la fecha no se sabe cuánto dinero se ha lavado en la ejecución de obras públicas de la ciudad. Según el concejal, las redes ilegales aprovecharían la facturación de contratistas privados al Distrito en materia de obras públicas, para lavar sus activos.
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Foto: Iván Palomino, Asesor Jurídico Programa de Víctimas, Corp. Nuevo Arco Iris
Existen pocas leyes que ofrecen tantos beneficios y tantas implicaciones como la recién aprobada Ley de Víctimas, la cual explicó Iván Palomino, Asesor Jurídico del Programa de Víctimas del Conflicto de la Corporación Arco Iris, el pasado 10 de septiembre en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá.
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Comunicado de la Corporación Nuevo Arco Iris, en respuesta a las palabras del Señor Procurador Alejandro Ordoñez
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En las elecciones del próximo 30 de octubre Afrovides, MIO y PIN se la juegan para seguir controlado el poder local y regional. Juan Carlos Martínez Sinisterra creó el Movimiento de inclusión y oportunidades, MIO, como estrategia política para impulsar a candidatos del Valle del Cauca. El Partido de Integración Nacional, PIN, comenzó un proceso de desintegración, que en todo caso no ha sido acelerado ni total. Y, Afrovides es el nombre del movimiento con el cual se lanzó Yahir Acuña a la curul en el 2010, por minorías de origen afrodescendiente
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El Gobierno aspira con el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, cerrar las fronteras agrícolas del país y evitar así la colonización insdiscriminada de los bosques y reservas naturales.
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La idea de revivir l inmunidad parlamentaria fue presentada por el conservador Fabio Valencia Cossio en sus tiempos de ministro del Interior y de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe. Actualmente, bajo la administración de Juan Manuel Santos, la polémica figura reapareció en el escenario político, esta vez por cuenta del Presidente del Senado Juan Manuel Corzo, casualmente de origen conservador.
Marco Romero, Director de la Comisión para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – Codhes, en diálogo con la Corporación Nuevo Arco Iris, dio a conocer su punto de vista sobre la recién sancionada Ley de Víctimas y asegura además que durante el año 2010, la cifras de desplazamiento se mantuvieron en el mismo nivel, con la novedad de que esta situación se presentó en mayor cantidad en las zonas de consolidación.
Con la sanción de la ley de víctimas y restitución de tierras el Gobierno dispone de un nuevo marco jurídico para continuar con su atención, iniciando un nuevo camino distinto a la ley de Justicia y Paz, puesta en marcha durante la administración del presidente Uribe, con la cual hizo énfasis en los derechos a la verdad y la justicia, porque la reparación siempre estuvo enredada entre las cifras de los ministros y la preocupación de dónde saldría el dinero para resarcir el daño causado a las víctimas.
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Miembros de las bacrim envían un mensaje a través de monseñor Julio César Vidal en el que proponen un sometimiento a la justicia a cambio de entrega de armas y entrega de rutas del narcotráfico, mientras algunos sectores de opinión han dejado ver su reserva frente al tema.
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Con las investigaciones tanto académicas como judiciales que pusieron en conocimiento de la opinión pública el estrecho vínculo entre la clase política regional con el paramilitarismo en Colombia, se dio el primer paso para indagar acerca de lo que hubo más allá de las simpatías electorales que llevaron a un jefe o militante de las autodefensas colombianas a ejercer presión armada sobre determinada población para influir en las votaciones para elegir candidato.
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Luisa Margarita Gil, Directora del Programa de Poblaciones Afectadas por el Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, estima conveniente y oportuno que el Ministerio del Interior y de Justicia, piense en incorporar a las medidas de reparación a víctimas del conflicto armado una sanción económica a aquellos que sean condenados por concierto para delinquir por la conformación de grupos armados al margen de la ley.
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Opinión de Juan David Velasco
El polítólogo Juan David Velasco habla sobre lo que pudo llevar al gobierno Uribe a cometer actos de corrupción, sin mayores tropiezos
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Foto: Ariel Ávila
Los golpes a las farc por parte de la Fuerza Pública no han cesado, sin embargo a pesar de todo el esfuerzo militar que han hecho los dos últimos gobiernos por acabar con el grupo armado a partir de la cúpula, estas se han ido recomponiendo y por cada baja o captura de uno de sus miembros más importaes, tienen a dos o tres que le sigue en la línea de sucesión para reemplazar ese vacío, provocando un que el Ejército o la Policía caigan en un juego de nunca acabar, opina Ariel Ávila, Coordinador del Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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Foto: Acto de sanción presidencial de la ley de víctimas, 10 de junio de 2011.
La ley de víctimas, recién sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, inicia el camino de la aplicación y la puesta sobre la realidad que se vive en departamentos, municipios y veredas, tarea que no será fácil si no se cuenta con la colaboración de todos los colombianos.
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Los asesinatos y amenazas a líderes de las víctimas del conflicto armado no cesan a pesar de las recompensas y garantías en seguridad que ofrece el gobierno nacional.
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El asesinato de Kimy Pernía, a manos de las Autodefensas lideradas por Salvatore Mancuso, encabeza la lista de los casos que la justicia colombiana tiene en mora de resolver.
Colombia inicia un difícil camino, en el que dará aplicación a la recién aprobada ley de víctimas en el Congreso de la República, con la que se que pretende devolver dos millones de hectáreas a sus verdaderos dueños y reparar a un universo de víctimas, estimado en no menos de cuatro millones de personas.
No menos difícil fue el camino de su aprobación en el legislativo, en donde la intención de iniciativa liberal tuvo que resistir cuatro años, dos presidencias de la república y tres ministros del interior, para que finalmente se le diera vía libre a la reparación de millones de personas que de una u otra forma han sufrido las consecuencias de un conflicto armado que durante décadas enteras, ha padecido nuestro país. Gracias a esto se les dará reconocimiento como ciudadanos con derechos y deberes y se inicia también un gran salto social, que desde tiempo atrás se viene prometiendo.
Es así como se puede calificar como positivo el proyecto que encabezaron los congresistas liberales Guillermo Rivera en la Cámara de Representantes y Juan Fernando Cristo en el Senado, para las personas que han sufrido daño en sus derechos por violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos, lo que a su vez ayudará a crear un escenario de justicia transicional, que en un futuro permitirá superar el enfrentamiento armado en Colombia.
La ley de víctimas desde que fue presentada a consideración del legislativo viene sufriendo uno que otra zancadilla, en ocasiones puesta desde el mismo ejecutivo en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, en otras desde la misma coalición de gobierno que lo acompañó en su periodo gubernamental y por último desde el grupo de uribistas pura sangre, que aún mantienen su curul, como el senador Juan Carlos Vélez, quien en último momento quiso provocar una nueva discusión excluyendo a los agentes del Estado,
Hoy dicha ley es una realidad y las comunidades que se han visto afectadas por el conflicto armado en nuestro país tendrán derecho a:
1. La justicia: Que el Estado investigue y condene a los victimarios.
2. La verdad: A conocer toda la información sobre los hechos que la victimizaron.
3. A la reparación integral: Medidas de restitución de bienes inmuebles, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Además, la ley contempla medidas de ayuda humanitaria y asistencia médica y sicológica, para algunos casos.
4. Atención prioritaria en materia de salud, al acceso a la educación, servicios funerarios (cuando no cuenten con recursos).
5. Que el Estado asuma la reparación de forma “subsidiaria”, sin que eso implique reconocimiento de su responsabilidad ni la de sus agentes.
6. Para reclamar sus derechos la víctima solo necesitará de una “prueba sumaria” para acreditar su condición. Es decir, que cualquier documento que demuestre su situación de víctima es válida.
7. Para tales fines la ley dará vida a la Unidad de Atención y Reparación, que es el organismo encargado de reparar a las víctimas. La entidad se encargará de hacer el registro de víctimas, administrar los recursos y llevar a cabo la reparación, entre otras funciones. Esta unidad tendrá representación en las entidades territoriales y estará adscrita a la Presidencia de la República.
8. A esta misión ayudarán también los funcionarios de policía judicial; los defensores de familia y comisarios de familia, los fiscales, jueces o integrantes del Ministerio Público, informando cuáles son las entidades en donde las víctimas pueden obtener asesoría sobre los servicios, garantías, requisitos para presentar las denuncias, derechos que tienen y los trámites para hacerlos efectivos.
9. En el caso de homicidio, desaparición forzada desaparición y secuestro, la víctima tendrá derecho a reclamar un monto de cuarenta (40) salarios mínimos como indemnización.
10. Por lesiones personales y sicológicas que produzcan incapacidad permanente, la víctima tendrá derecho a reclamar hasta cuarenta (40) salarios mínimos.
11. En el caso de lesiones que no causen incapacidad permanente, tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual, reclutamiento de menores, se tendrá derecho a indemnización de hasta treinta (30) salarios mínimos.
Por desplazamiento forzado se puede reclamar veintisiete (27) salarios mínimos.
Para el caso de tierras tendrán derecho a la restitución los propietarios, poseedores o explotadores de territorios baldíos que a partir de 1991, hayan sido despojados o hayan abandonado su tierra forzadamente. Para tales fines la ley crea la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas. Ante ese organismo, las víctimas inscribirán el predio despojado. La Unidad tendrá 60 o 90 días para decidir si lo incluye o no. Si el predio es aceptado en el registro, la víctima hará una solicitud de restitución ante un juez o un magistrado especializado en restitución de tierras. En caso de que haya una parte opositora que acredite personería jurídica, el caso será investigado por los jueces y fallado en el Tribunal Superior de Distrito Judicial Civil.
En necesario reconocer que aunque se da un paso importante en materia de legislación que ayude a superar el conflicto armado y crea un escenario para la paz y la reconciliación, este no es definitivo, porque en lo que tiene que ver con la aplicación, luego de que pase por la sanción presidencia y el posterior el examen de la Corte Constitucional, se viene un difícil camino a la hora de llevarla a la realidad que se vive en las regiones en donde el conflicto armado persiste y permeó las instituciones, es por esto que el gobierno nacional debe continuar en la línea de depurar estas entidades, para que en un futuro la corrupción política y administrativa, no diga jugando el papel de talón de Aquiles para la superación del conflicto armado.
La Corporación Nuevo Arco Iris, a través del Programa de Atención a Poblaciones Afectadas por el Conflicto, hace un reconocimiento a quienes desde el Congreso de la República se dieron a la tarea de promover una legislación a favor de los colombianos víctimas del enfrentamiento armado y la barbarie de los grupos irregulares, reafirmando su compromiso de continuar en la tarea de que a estas personas se les dé el reconocimiento de ciudadanos, como es debido.
La Comisión de Paz del senado de la República inició una serie de discusiones que buscan crear un ambiente Justicia Transicional en Colombia.
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